Una juez da a Ayuso 24 horas de plazo para que proporcione material sanitario a los médicos de la Comunidad de Madrid

0
7

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dispone de 24 horas para proporcionar material sanitario adecuado para luchar contra Covid-19 a «todos los médicos y titulares superiores de la Comunidad de Madrid».

El Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid ha acordado este miércoles admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad, para que en el término de 24 horas provea a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud, Hospitalarios, Asistenciales de Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean públicos o privados, de batas impermeables, mascarillas, gafas de protección y contenedores de grandes residuos.

En el auto, la magistrada explica que la «obligación legal» de proteger a los trabajadores por parte de la empresa o administración empleadora, «implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad».

La juez de lo Social sostiene que «partiendo de la normativa y doctrina jurisprudencial» existente no cabe sino concluir que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está «obligada a entregar de manera inmediata, y en un plazo máximo de 24 horas, las medidas de prevención requeridas por la parte actora, pues las mismas se consideran absolutamente necesarias para que los médicos y titulares sanitarios puedan desarrollar sus funciones de atención y cuidado del paciente con unas mínimas condiciones de seguridad, con el fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de incrementar más el contagio».

«SALVAR EL MAYOR NÚMERO DE VIDAS»

La magistrada Carmen López señala en que el decreto del estado de alarma, en su exposición de motivos, recoge que «la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional; añadiendo que «las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos».

La juez, al estimar unas medidas tan excepcionales como son las cautelarísimas, que se admiten sin escuchar a la otra parte, en este caso la Comunidad de Madrid, explica que «no cabe duda de que en el caso presente concurren los dos requisitos legales necesarios para entrar a conocer sobre las medidas solicitadas. De una parte, el fumus boni iuris se acredita de modo suficiente porque las medidas preventivas requeridas son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad. Y de otra parte, la situación de urgencia se acredita por la pandemia derivada del virus Covid-19 que está sufriendo todo el país, y en concreto la Comunidad Autónoma de Madrid, y que requiere la actuación urgente de todo el profesional médico y sanitario posible para atender a los enfermos y evitar su mayor propagación».

Por último, la juez subraya que hay que tener en cuenta que la urgencia de dichas medidas deriva, «no sólo del deber de seguridad impuesto a la Administración sanitaria o del derecho del trabajador a ser protegido, sino también del derecho del paciente a ser atendido adecuadamente por el personal sanitario, con el fin de proteger su salud y sobre todo de salvar el mayor número de vidas posible».

Aunque contra esta decisión judicial cabe interponer recurso, el Gobierno de Ayuso está obligado a cumplir el presente auto en un plazo máximo de 24 horas. La orden de la juez es ya ejecutiva.