Cobarde crimen

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Si no fuera porque fueron captadas en vídeos difundidos en redes sociales, no sería posible siquiera imaginar que niños y adolescentes, incitados por adultos, provocaran desórdenes y destruyeran mobiliarios y equipos en varias escuelas públicas donde cada día reciben la docencia.

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, dijo que se realiza un levantamiento de los destrozos causados y que los estudiantes que incurrieron en esos actos vandálicos ya han sido identificados y serán puestos a disposición de la Procuraduría de Menores.

Consterna observar las imágenes de alumnos cuando destruyen butacas, pizarras y computadoras, en dramático afán por comportarse como si fueran mayores que reclaman esclarecer las causas de la suspensión de las elecciones municipales.
Las autoridades educativas investigan a dos profesoras de una escuela básica del municipio de Los Alcarrizos, quienes habrían instruido a sus estudiantes a producir ruidos con cualquier objeto que encontraran en las aulas por lo que los muchachos optaron por destruir butacas, pizarras y aparatos electrónicos.

Estudiantes de escuelas básicas carecen de discernimiento político como para poder organizar de manera simultánea en varios planteles escolares acciones de vandalismo que procuren coincidir con las protestas pacíficas que se realizan en diversos lugares del territorio nacional.

Esas acciones criminales deben ser atribuidas a adultos que incitan a niños y niñas a destruir sus propias aulas y los útiles que el Estado pone a su disposición para garantizar calidad de la docencia y la enseñanza, por lo que se reclama que se identifiquen y se sometan a la justicia.

Representantes de la generación millennial, nacidos a partir de 1980, se manifiestan, con todo derecho, por la suspensión de las votaciones del 16 de febrero, pero constituye un crimen pretender involucrar en esas protestas a los “centennial”, que son niños con menos de 14 años, inducidos a la violencia.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), sociedades de padres y tutores y la sociedad toda están compelidos a pronunciarse contra el despropósito de incitar a la violencia en escuelas públicas básicas, que ha provocado que alumnos destruyan equipos y mobiliarios en varios planteles. Los adultos que incurren en ese crimen deben ir a parar con sus huesos a la cárcel.