Por un sistema judicial independiente

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Por Cristina Mota

Recientemente se celebró el Día del Poder Judicial y aprovechamos esta ocasión para solicitar a la clase política nacional que se sume en apoyar la propuesta que ha presentado el candidato presidencial de Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

El candidato opositor, en un documento enviado a los medios, plantea un sistema judicial fortalecido, el cual inicia con la independencia del Ministerio Público para que actúe al margen de los intereses políticos partidarios y cuyas decisiones no estén afectadas por elementos ajenos al ideal de la justicia, dada su condición de representante de la sociedad.

Luis indica en su comunicado que para alcanzar este propósito se requiere que este importante funcionario sea designado por un ente distinto al Poder Ejecutivo, pues la independencia del Ministerio Público no será posible si aquellos más susceptibles de incurrir en actos de corrupción por ser quienes manejan, mayormente fondos públicos, son, al mismo tiempo, de quienes depende su designación.

El planteamiento tiene como propósito la responsabilidad de la escogencia del Procurador General de la República y ésta recaiga sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y que su período de ejercicio sea de seis años, sin posibilidad de ser reelegido nueva vez en el cargo.

En la propuesta se hace imprescindible modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura con la finalidad de minimizar la influencia del Presidente de turno sobre el mismo y crear una mayor pluralidad en su estructura orgánica.

Luis muestra en su idea la cual va dirigida en dos aspectos: 1) la eliminación del Procurador General de la República como miembro del Consejo, con lo cual recupera la composición inicial del organismo compuesto por siete miembros y así se evitaría el voto de desempate o doble voto que posee el Presidente de la República en los casos en los cuales exista un empate en las votaciones; 2) la sustitución como miembro del Consejo del segundo juez de la Suprema Corte de Justicia por la del presidente del Tribunal Constitucional, con lo cual lograría mayor pluralidad en la conformación del órgano y reconocería la importancia que reviste para el sistema de justicia el presidente de nuestro mayor intérprete de la Constitución.

En torno a la Suprema Corte de Justicia, Luis sostiene que uno de los mayores retos para la real independencia del Poder Judicial es lograr que los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia no dependan del poder político, no sólo para su designación sino, más importante, para el mantenimiento de estos en el cargo.

Entiende que el art. 180 de la Constitución que eliminó la inamovilidad de los jueces supremos por una designación de siete años con una posible ratificación por el mismo período luego de una evaluación a ser realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, es una distorsión de la independencia del Poder Judicial y una disposición que provoca que los jueces de esa alta corte se mantengan con altos grados de servilismo o vinculación con el poder político con la finalidad de poder ser ratificados al momento de la evaluación, la cual, es evidente, carece de objetividad y de criterio científico profesional.

Entiende que la inamovilidad absoluta de los jueces en países como el nuestro puede resultar improcedente, dado que con renovaciones programadas y reglamentadas podemos llegar a alcanzar la madurez requerida en el cuerpo de jueces supremos.

“Por lo tanto, nuestra propuesta es que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean designados por un período único de 12 años sin posibilidad de ser reelegidos nueva vez en su cargo. Su designación sería en períodos escalonados similar a lo que ocurre con el Tribunal Constitucional para que la renovación del pleno sea de manera parcial y no perder la continuidad en el funcionamiento del sistema”, cita Luis Abinader.

La propuesta del candidato opositor de ser acogida iniciaría con la recuperación del sistema judicial, que en las últimas décadas ha sido marcada por casos muy dolosos, en la que ponen en duda el accionar de jueces y fiscales.

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